aumento por la crisis económica
Los impagos de pensiones a hijos crecen del 19% al 32% en cuatro años
Los padres y madres separados exigen la puesta en marcha del Fondo de Garantía Social para estos casos
16.09.12 - 02:24 -
JAVIER PEÑALBA | | SAN SEBASTIÁN.
Solicitan que los pisos embargados por las cajas sean destinados a viviendas sociales
La Federación de Euskadi de Madres y Padres Separados,
Kidetza, exigió ayer la puesta en marcha del Fondo de Garantía Social
para los casos de impago de las pensiones alimenticias, una iniciativa
que ya en 2008 recibió el visto bueno unánime del Parlamento vasco y
que todavía no ha sido desarrollada. Justo Sáenz, presidente de Kidetza;
Charo Fernández y Arantxa Bergara, vicepresidenta y secretaria
respectivamente de la Asociación Guipuzcoana de Padres y Madres
Separados (Agipase), afirmaron en rueda de prensa que en los tiempos
actuales, dada la situación de crisis que vive el país, la puesta es
marcha de este proyecto es más necesaria que nunca. «Si la recesión
económica está afectando manera importante a las personas separadas,
todavía está repercutiendo de forma mucho más directa sobre los hijos
menores. Y nosotros, desde hace ya muchos años, queremos darles entidad
jurídica. No hay que apoyar a la madre o al padre porque tengan hijos; a
quienes hay que apoyar es a los niños», manifestó Justo Sáenz.
Los representantes de Agipase y Kidetza desvelaron que
los casos de impagos han aumentado en los últimos cuatro años del 19% al
32%. «Nos vienen muchos padres diciendo que su situación laboral ha
cambiado, que no pueden hacer frente a la pensión alimenticia. Y no es
que no quieran pagar, es que no pueden», explicó Arantxa Bergara, quien
recordó que en el Estado español la Administración aporta, cuando menos,
100 euros por cada menor. «Aunque se trata de una cantidad ridícula,
aquí no tenemos ni eso. La indefensión, por lo tanto, es total. Por
ello, entendemos que el nuevo Gobierno que surja de las próximas
elecciones ha de poner el marcha el fondo de manera inmediata, ya que
las situaciones que nos llegan están siendo dramáticas. No puede
dilatarse por más tiempo».
El fondo, según explicó Saénz, contó en 2008 con el
apoyo de todas las formaciones políticas vascas. «Se introdujo la
figura, pero ni se elaboró el reglamento ni tampoco se ha aportado
presupuesto alguno. Está durmiendo el sueño de los justos. A todos les
parece muy bonito, pero nadie da el paso. Exigimos responsabilidad. Si
hay que preocuparse del menor, es preciso actuar, no bastan sólo las
palabras», resaltó.
500.000 euros
Kidetza propone que en los presupuestos del próximo año
se incluya una partida de hasta 500.000 para dicho fondo y entiende que
por cada hijo se debería percibir 400 euros. Justo Sáenz reclamó también
la creación de una ley vasca de vivienda «que contemple del derecho de
cada ciudadano a un piso digno y que éste pueda ser reclamado por la vía
judicial».
De igual forma, el presidente de Kidetza propuso que una
parte de los pisos que se hallan embargados por entidades financieras
cuyos consejos de administración están conformado por partidos
políticos, sean destinados a alquiler social. «La vivienda de alquiler
social debe ser una prioridad del Gobierno vasco. El déficit en Gipuzkoa
y Bizkaia de estos pisos es impresionante», dijo Sáenz.
Kidetza constata de igual manera un aumento en el número
de parejas que se hallan separadas o en trámites y que se ven abocadas a
residir en la misma vivienda. «La gente no puede liquidar la casa y en
consecuencia no les queda otro remedio que compartirla, con lo cual la
conflictividad termina por estallar», afirman. «Muchas veces, los
cónyuges vuelven con sus padres o buscan otra residencia para poder
alquilar el piso y pagar la hipoteca. Hay otros que se turnan: un mes
está uno en la casa y el siguiente el otro», explicaron responsables de
Agipase.
Las madres y padres separados criticaron que no se les
permita defender en el Parlamento vasco su proyecto de custodia
compartida y que contó con el aval de 85.000 firmas. «Nos encontramos
con la sorpresa de que a, pesar de que el reglamento de la Cámara de
Vitoria lo contempla, no se nos permite defender la proposición de ley».
Por ello, solicitan la modificación de la Ley de Iniciativas Populares
en el País Vasco y la creación de la figura del parlamentario número 76
«para que estas propuestas tengan la posibilidad de presentarse y ser
defendidas desde el inicio hasta el final», reclamó Justo Sáenz, quien
pidió que se reduzca de 30.000 a 20.000 el número de firmas necesarias
para que se puedan tramitar las iniciativas legislativas populares.
Kidetza, que solicitó también la creación de la
viceconsejería de Familia, denunció la, a su juicio, discriminación de
la que son objeto algunas mujeres por el hecho de pertenecer a
asociaciones mixtas y a las que incluso se les priva de la posibilidad
de recibir determinadas subvenciones públicas.
