ONGI ETORRI-BIENVENIDOS
2011(e)ko ekainaren 30(a), osteguna
UN NUEVO AVANCE EN EUSKADI .LA PATRIA POTESTAD COMPARTIDA DEJA DE SER PAPEL MOJADO EN LA EDUCACION

Las escuelas informarán a los divorciados sobre sus hijos
El Parlamento Vasco aprobará hoy una proposición que busca corregir el "incumplimiento" de la ley
Bilbao. Ser hijo o hija de padres separados o divorciados está a la orden del día en el colegio, tanto como llevar un corrector dental o ser hijo único. Para hacerse una idea del volumen de estudiantes con esta situación familiar en la escuela solo hay que echar un vistazo a las estadísticas: 5.800 matrimonios se disolvieron en 2010 en Euskadi. Y antes de la crisis cerca de 11.000 matrimonios se rompían al año y se veían implicados una media de 5.500 menores. Ya que en el 98% de los casos la patria potestad es compartida, lo lógico y lo legal sería que ambos progenitores estuviesen puntualmente informados sobre las cuestiones que afectan a la educación o la salud de su hijo, independientemente de la guardia y custodia del menor. Sin embargo, la lógica y, lo que es peor, la legalidad no se cumplen.
No en vano, usualmente la persona que tiene la custodia del menor -86% las madres- es la que recibe la información del colegio, mientras que la otra parte permanece ajena. No es que no exista una normativa al respecto sino que, como denuncian las asociaciones de padres y madres divorciados, no se cumple y la circular que antes se remitía ya no se manda.
Hoy el Parlamento Vasco dará un paso para acabar con esta situación. Aunque aún está por definir la fórmula a emplear, los grupos parlamentarios instarán al Departamento de Educación a que active protocolos de actuación en los centros escolares que garanticen el derecho y la obligación de ambos progenitores a conocer la evolución escolar de sus hijos: notas, circulares informativas, reuniones con los tutores, cambios de colegio, de modelo etc. El PNV es la formación que ha propiciado el debate, mediante la presentación de una proposición no de ley en la que insta al Gabinete de Isabel Celaá a que remita al inicio del curso escolar directrices claras a todos los centros, en los casos de separación o divorcio, para que ambos progenitores reciban toda la información y que ambos progenitores sean convocados a las reuniones.
También piden que se exija la firma del padre y la madre en las matriculaciones que supongan un cambio de colegio, de modelo lingüístico, de asignaturas optativas o de actividades extraescolares. "La solicitud habrá de ser firmada por ambos progenitores, previamente a darle curso" reza la proposición jeltzale.
Según explica Justo Sáenz de Agipase (Asociación de Gipuzkoa de Padres y Madres Separados), "si bien antes se remitía una circular al principio de curso, desde hace años esta circular ha desaparecido. Por ello, en muchas ocasiones las decisiones o la información quedan al arbitrio de la dirección de cada centro". Desde su punto de vista, la proposición presentada por el PNV "es una medida positiva". No obstante, sentenció Sáenz: "Es triste. Ya que lo que se propone no es más que el cumplimiento de lo que estipula la ley. Es decir, que el Departamento de Educación debe informar a ambos progenitores de la evolución de sus hijos en clase o que se requiera el permiso de ambos en el caso de cambio de colegio".
Según señala Sáenz, la petición del PNV -enmendada por PSE-EE, PP y UPyD- "es lo que establece la ley". Y es que, "cuando hay una separación, la sentencia establece que la patria potestad es compartida. Lo que pasa es que la Administración no ha puesto los medios para que se respeten los derechos de ambos progenitores. La proposición del PNV lo que viene a hacer es que estos derechos no queden en agua de borrajas".
La casuística sobre el incumplimiento de la legislación es tan variada como personas deciden romper su matrimonio, excepto un marginal 2%, en el que a uno o a ambos progenitores se les retira la patria potestad. Se trata de casos extremos de desestructuración familiar por problemas de droga, cárcel etc. Según el presidente de Agipase "normalmente la persona que tiene el régimen de visitas es la que toma todas las decisiones y el otro progenitor no se entera. Por ejemplo, el tema de notas. Normalmente sólo se envían al progenitor custodio, en la mayoría de los casos la madre, y el padre no se entera. Las actividades extraescolares, lo mismo, la madre le apunta a ballet y el padre no se entera o no se le consulta. El padre tampoco tiene poder de decisión en cuestiones como la comunión o el cambio de colegio".
Esta situación no sólo afecta a las cuestiones educativas. "Si le ha pasado algo a un hijo, el padre va a pedir los datos al médico y este se los niega porque dice que es competencia de la persona que tiene la custodia". Por otro lado, denuncia: "Se están dando muchos casos graves. Según la patria potestad compartida, a la hora de decidir un cambio de colegio o la matriculación en un centro concreto la solicitud debería llevar la firma de los dos progenitores. Sin embargo, eso no se cumple, con la firma de uno solo de los padres del niño vale para sacarle del centro. Es usual que vayas a ver a tu hijo o a hablar con su tutor y te encuentres con que ya no está en ese colegio. Y se han dado casos incluso de que se ha cambiado hasta de comunidad autónoma".
2011(e)ko ekainaren 25(a), larunbata
2011(e)ko ekainaren 15(a), asteazkena
LAS JORNADAS EN LA PRENSA
ABIPASE Y KIDETZA ORGANIZAN EL 17 Y 18 DE JUNIO UNAS JORNADAS SOBRE CORRESPONSABILIDAD PARENTAL
Esta asociación, que persigue desde hace años que la custodia compartida sea la norma en los casos de divorcio, ha organizado para este fin de semana en Bilbao unas jornadas de trabajo con el objetivo de "promover la coparentabilidad" como elemento clave para para "el correcto desarrollo infantil".
Según ha explicado a Efe Céfiro Miquelez, presidente de Abipase, a lo largo de las jornadas se estudiarán las consecuencias de la creciente judicialización de las separaciones, la utilización que se hace de los hijos en estos procedimientos y "el maltrato emocional que ello supone".
Miquelez ha destacado que es necesaria una mayor coordinación entre jueces, fiscales, servicios sociales y educativos en la protección de los menores, "que -ha añadido- deben ser mantenidos al margen del conflicto de pareja y no ser moneda de cambio en el mismo".
Charo Fernández, vicepresidenta de esta misma organización, ha reclamado la puesta en marcha de una ley vasca de corresponsabilidad parental, similar a las que ya se han implantado en otras comunidades.
Los responsables de Abipase han recordado que hace meses la asociación envió a los diferentes grupos parlamentarios vascos una propuesta de ley con el objeto de que se tramitara en breve, pero han lamentado que hasta el momento ningún partido, ni el Gobierno, ha tomado la iniciativa en este terreno.
Esta ley, según ha señalado Fernández a Efe, debería garantizar que ambos cónyuges puedan participar de forma igualitaria en el cuidado, educación y toma de decisiones en las cuestiones que afecten al desarrollo de sus hijos.
Esta ley debería también, a juicio de Fernández, reconocer el derecho de los menores "a crecer y vivir con ambos progenitores tras la ruptura de la pareja" y a relacionarse de forma regular con los abuelos y las familias extensas de ambos.
Teo Miquelez ha recalcado que "es un despropósito pensar que el 86 por ciento de los matrimonios están integrados por padres que no se merecen la custodia de sus hijos. Lo que pedimos a los juristas es humanidad, no se trata de delincuentes, sino de problemas de familias, de personas que lo único que pretenden es intentar ser felices".
En estas jornadas, que se desarrollarán los días 17 y 18 de junio en el centro cívico La Bolsa de Bilbao, tomarán parte jueces, psiquiatras, sociólogos, técnicos de diferentes campos y representantes de la administración.
Entre ellos se espera la presencia del Ararteko, Iñigo Lamarca, de la viceconsejera de Justicia del Gobierno Vasco, Victoria Cinto, y jueza de Barcelona María Sanahuja. EFE
2011(e)ko ekainaren 12(a), igandea
ABIPASE Y KIDETZA CON LOS INDIGNADOS POR LA CUSTODIA COMPARTIDA

2011(e)ko ekainaren 9(a), osteguna
2011(e)ko ekainaren 8(a), asteazkena
JUEZA VALENCIANA A FAVOR DE LA CUSTODIA COMPARTIDA COMO NORMA

Peinado advierte del uso de denuncias de maltrato para evitar que el menor conviva con los dos padres
M. J. MORA La jueza del juzgado de Familia de Elche, Sandra Peinado, ofreció ayer una conferencia en el marco de la jornada sobre la custodia compartida en la Comunidad Valenciana que organizó el Colegio de Abogados de Elche. "Lo primero que hay que decir es que no es una ley de custodia compartida, sino que regula las relaciones de los menores con los progenitores cuando hay un divorcio o una ruptura en una pareja de hecho", indicó la magistrada, quien explicó que la aportación de la ley es que el criterio general del que se parte, a diferencia de lo que establece el Código Civil en esta materia, "es la custodia compartida que pretende que ambos progenitores desarrollen sus competencias parentales, algo que el Código Civil contempla como un supuesto excepcional cuando no hay acuerdo entre los padres ya que sólo se contempla cuando uno de los dos pide expresamente la custodia compartida y no hay oposición del Ministerio Fiscal, ya que de lo contrario no se estima esta posibilidad aunque se estime que es el mejor régimen".
La magistrada señaló que la nueva ley autonómica, sólo aplicable a los menores de vecindad civil valenciana, contempla como premisa inicial la custodia compartida como régimen general y no es vinculante el informe del fiscal. "Otra de las novedades que aporta la ley es el tema de la vivienda, ya que plantea la obligatoriedad de fijar un plazo de uso de la vivienda y una compensación económica para el que pierde el uso, teniendo en cuenta el valor medio del alquiler de una casa de similares características en la misma zona. Por otra parte, el Código Civil establece que la vivienda siempre se otorgaba al progenitor que tenía la custodia exclusiva".
La juez Peinado manifestó que los magistrados venían reclamando modificaciones en las regulaciones que sobre esta cuestión planteaba el Código Civil "porque consideramos que no hay que dar preferencia a ningún tipo de régimen y que valorando la situación se pueda decidir la mejor opción para el menor. El tema de la vivienda es importante, sobre todo en una situación de crisis como la actual y sobre lo que se estaban produciendo abusos. A mí me parece que es interesante porque no establece que el informe del fiscal pueda ser un obstáculo, algo sobre lo que se está revisando la constitucionalidad", señaló la magistrada, quien remarcó que la nueva normativa parte de un presupuesto ideal que es la coparentalidad y la posibilidad de que el menor pueda compartir el mismo tiempo entre los progenitores.
Peinado reconoció que la ley "va un poco por delante de la sociedad porque en muchos supuestos la carga de la atención de los menores y la mayor carga afectiva recae en la madre. Como punto de partida es buena, aunque quizá no en todos los supuestos". La magistrada advirtió, no obstante, que desde la entrada en vigor de la ley se está "usando en algunos casos las denuncias de malos tratos para evitar la custodia compartida".
El punto de vista del Ministerio Fiscal
La jornada organizada ayer por el Colegio de Abogados de Elche contó también con la presencia de Vicente Plaza San Juan, fiscal coordinador civil de los juzgados de Elche, quien aportó los argumentos de la Fiscalía respecto a la nueva normativa, una ley que regula en uno de sus artículos el derecho de cada menor a "crecer y vivir con sus padres, si ambos manifiestan voluntad y aptitud para la crianza, procurándose en los casos de separación de los progenitores una convivencia igualitaria con ambos". Muchos letrados asistieron a las ponencias.