Vitoria, 22 abr (EFE).- La Federación de Euskadi de Madres y Padres Separados, Kidetza, ha registrado en el Parlamento Vasco una iniciativa legislativa popular a favor de la custodia compartida de los hijos en casos de separación o divorcio.
La proposición no de ley, denominada "de corresponsabilidad parental y relaciones familiares en casos de ruptura de la convivencia de los padres con hijos a su cargo o parejas sin hijos", fue calificada el pasado martes por la Mesa de la Cámara y precisa de las firmas de 30.000 ciudadanos para poder ser tramitada.
El texto se remite al Estatuto de Autonomía para señalar que las competencias en materia de asistencia social corresponden a la Comunidad Autónoma Vasca y señala que su objetivo es "promover la igualdad y defender el interés supremo del menor".
Esta iniciativa tiene por objeto regular las relaciones familiares en los casos de ruptura de la convivencia de los padres con hijos a cargo, incluidos los casos de separación, nulidad y divorcio, "mediante una participación responsable, compartida e igual de ambos en su crianza y educación en el ejercicio de su patria potestad".
Se fundamenta en el principio de corresponsabilidad parental y en el "derecho del menor a crecer y vivir con ambos progenitores tras la ruptura de la pareja en un sistema de convivencia de custodia compartida lo más igualitaria posible, siempre que cualquiera de ellos lo solicite y no sea contrario al interés del menor".
Así, recoge que cada uno de los progenitores por separado o ambos de mutuo acuerdo podrán solicitar al juez tanto la custodia compartida como que ésta sea ejercida sólo por uno de ellos. La oposición de uno de ellos a la custodia compartida no será obstáculo ni motivo suficiente, según el texto, para no otorgarla.
De este modo, plantea que el juez adoptará "de forma preferente" la custodia compartida en interés de los hijos menores, salvo que la custodia individual "sea más conveniente".
Para ello, el texto prevé que para tomar una decisión, los magistrados deberán tener en cuenta, entre otros, factores como la edad de los hijos y su arraigo social y familiar, así como su opinión si son mayores de doce años.
Además, los jueces tendrán que analizar una nueva figura prevista en esta iniciativa: el Plan de Cooparentalidad. Éste deberá ser presentado por los dos miembros de la pareja conjuntamente o por separado junto a la demanda de separación o divorcio ante el juzgado y en él deben contenerse de forma concreta las condiciones de ruptura y el sistema de convivencia con sus hijos.
En caso de que los padres no se pongan de acuerdo en su contenido, el juez deberá dictar las medidas necesarias con el fin de garantizar el mantenimiento de los vínculos de los hijos con cada uno de sus padres.
Junto con este plan, la propuesta establece que la pareja también debe suscribir un "contrato de previsión de ruptura de la convivencia", en el que se deben contemplar las condiciones de una hipotética ruptura, con el fin de disminuir los posibles conflictos ante una separación real de la pareja.
La proposición también regula, entre otras materias, el uso de la vivienda en la que resida el menor o los gastos derivados de la atención a los niños.
La Federación de Euskadi de Madres y Padres Separados, Kidetza, impulsora de esta iniciativa, ha pedido en reiteradas ocasiones a los grupos parlamentarios vascos que promuevan una ley de estas características, dado que Euskadi es ya la única comunidad autónoma con derecho foral propio que aún no ha regulado nada al respecto.
La última en hacerlo ha sido Valencia, que se ha sumado a otras comunidades autónomas con derecho foral que ya han legislado o están legislando sobre custodia compartida, como son Cataluña, Aragón, Baleares, Navarra y Galicia.
El pasado mes de febrero esta cuestión fue objeto de debate en el Parlamento Vasco, donde se aprobó una resolución a favor de que la custodia compartida de los hijos sea la opción "preferente" en caso de divorcio de los padres.
Todos los grupos de la Cámara apoyaron este texto, excepto PSE-EE y Ezker Batua (EB), que votaron en contra y defendieron una enmienda conjunta en la que pedían que se atienda "al principio de interés superior de los menores". EFE
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