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2013(e)ko otsailaren 22(a), ostirala

REVISION DE LAS TASAS JUDICIALES


La Federación de Euskadi de madres y Padres divorciados-KIDETZA,a traves de la Confederación remitió al Ministro una nota exigiendo la derogación de las tasas judiciales.El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un decreto ley que modifica el anterior,pero que para nosotros no es suficiente

Esta es una síntesis de la noticia aparecida en el País:

Divorcios y desahuciados, libres de tasa. Las separaciones y divorcios de mutuo acuerdo estarán exentos de pagar tasas; los que no sean de mutuo acuerdo pagarán la tarifa fija (150 euros) y la variable sobre 18.000 euros, es decir, 18 euros. En total, 168 euros. Hasta ahora los únicos asuntos de familia que estaban exentos eran los referidos a pensiones de alimentos o filiaciones.
Igual que los divorcios, quedan libres de pagar tasas las familias desahuciadas. Seguirán estando obligadas a asumir las costas del proceso judicial, pero en esas costas no se incluirán las tasas que pagó el banco para iniciar el juicio. También estarán exentos los avalistas, si los hubiera.
Por último, se amplía la exención a otro caso: cuando una demanda de consumo se haya resuelto con un laudo arbitral y una de las partes lo incumpla, si la otra lleva el incumplimiento a los tribunales no pagará tasa.

» Recurrir la multa será más barato. En recursos contra sanciones administrativas la tasa no podrá superar el 50% del dinero reclamado. Esta bonificación —que solo existirá en primera instancia— acaba con uno de los casos que durante meses se han puesto de ejemplo para denunciar la ley: la famosa multa de 100 euros que costaba 200 euros en tasas recurrir; ahora costará 50. De esta novedad también podrán beneficiarse las empresas.
En la jurisdicción de lo laboral, que solo tiene tasas en segunda instancia, los funcionarios se beneficiarán también de la bonificación que ahora se aplicaba al resto de trabajadores (que abonan solo el 40% de la tasa).

» La justicia gratuita entra en vigor y se devuelve el dinero. La nueva ley de justicia gratuita, que ampliará el número de beneficiarios (porque eleva los niveles de renta e incorpora colectivos enteros, como las víctimas de violencia machista o las de accidentes graves) está aún en tramitación; el Gobierno, con un real decreto, va a adelantar la aplicación de los artículos sustanciales de esa ley, de forma que quienes resultaran beneficiarios de justicia gratuita con los nuevos requisitos puedan empezar a beneficiarse ya y dejar de pagar abogado, procurador y tasas. A quienes, cumpliendo esos requisitos, hubieran iniciado pleitos desde el pasado 17 de diciembre —fecha en la que empezaron a cobrarse las tasas— se les devolverá el dinero (solo de las tasas, no del abogado ni el procurador).

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